Sello

A escala internacional, los Estados tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, en particular en el Ecuador, la Constitución dispone que es deber fundamental el respetar y hacer respetar el pleno ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. En cumplimiento de este objetivo, se reconoce una estructura estatal en diferentes niveles, siendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados órganos ejecutores de las obligaciones del Estado dentro de su jurisdicción y de acuerdo con sus competencias.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) es la Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza (INDHN) que tiene como mandato constitucional la protección y tutela de los derechos de todas las personas habitantes del Ecuador y de las y los ecuatorianos que viven en el extranjero, y de la naturaleza. Asimismo, de acuerdo con los Principios de París, tiene entre sus atribuciones y competencias la promoción de los derechos humanos que incluye la investigación, la educación en derechos humanos y la incidencia en políticas públicas.

En cumplimiento de las atribuciones y competencias de la DPE, desde el 2018, se ha trabajado en varias acciones para promover el diálogo de diferentes sectores, incluyendo actores y actoras del sector público, de las organizaciones de la sociedad civil, academia, cooperación internacional y organismos no gubernamentales, de manera que converjan en soluciones oportunas que propendan al ejercicio efectivo de los derechos humanos y de la naturaleza en las ciudades y sus entornos.

La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza promueve el pleno ejercicio de los derechos, a través de la incidencia en políticas públicas y normativa a nivel local.

El sello defensorial “Ciudades de Derechos Humanos y de la Naturaleza” es un mecanismo por el cual la Defensoría del Pueblo ejerce la magistratura ética estableciendo parámetros y estándares específicos para valorar el avance de la garantía para el ejercicio de derechos en las ciudades.

Por ello, presenta el sello defensorial “Ciudades de Derechos Humanos y de la Naturaleza”, como mecanismo de incentivo y acompañamiento a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para la inclusión de los enfoques de derechos humanos y de la naturaleza en los diversos instrumentos de política pública y normativa en sus jurisdicciones.